El proyecto busca reformar un artículo del código penal que inhabilita al menos cuatro años a funcionarios corruptos. Con el endurecimiento de la medida se logrará depurar la administración pública dijeron legisladores.
Guatemala desde 2015 lucha contra la corrupción luego de que la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente antimafias de la ONU, revelaron una red fraudulenta en las aduanas.
El caso alcanzó al entonces presidente Otto Pérez, que se vio forzado a renunciar.
El combate a las mafias está en una encrucijada desde que la fiscal general Thelma Aldana señalara que el presidente Jimmy Morales no es un aliado en la lucha contra la corrupción. Aunque Morales indicó que sí apoya los esfuerzos anticorrupción, en setiembre intentó expulsar al jefe de Cicig, el exjuez colombiano Iván Velásquez, quien junto con Aldana lo señalaron de sospechas de financiamiento ilegal en la campaña de 2015 y pidieron retirarle los fueros para investigarlo.