Ese título se creó para permitir que los estadounidenses (incluso cubanos naturalizados), puedan demandar ante cortes de EE.UU. a las compañías que presuntamente se beneficiaban de propiedades en Cuba que eran suyas antes de 1959.

Cuando se aprobó esa ley hace 23 años, la Unión Europea y otros países con intereses empresariales en la isla se opusieron por temor a que sus firmas fueran demandadas en EE.UU. y por ello, la UE denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) .

El litigio concluyó con el compromiso de EE.UU. de mantener el título III suspendido a cambio de la retirada de la querella, pero la decisión del Gobierno de Trump rompe ese acuerdo.

La medida es un paso más en la escalada de presión de la Casa Blanca contra la dictadura cubana, a la que responsabiliza en buen grado de la permanencia en el poder del tirano venezolano Nicolás Maduro.