BUENOS AIRES (ANSA). El fiscal Gerardo Pollicita, que reemplazó a Nisman, imputó también al canciller, Héctor Timerman; al diputado nacional y titular de la agrupación oficialista juvenil “La Cámpora”, Andrés Larroque; al líder “piquetero” oficialista Luis D’Elia, al titular de la agrupación de izquierda radical Quebracho, Fernando Esteche, y a dos presuntos espías que el Ejecutivo niega que revistan en organismos de inteligencia.
Pollicita decidió darle curso a la acusación de Nisman y requirió numerosas medidas de prueba para que se inicie una pesquisa al respecto, aunque de momento no solicitó la detención ni la declaración indagatoria de la Presidenta y demás imputados.
La causa está radicada en el juzgado federal de Daniel Rafecas, que suspendió sus vacaciones para tomar el caso.
El Gobierno argentino salió en defensa de la Jefa de Estado aun antes de conocerse formalmente la imputación, anunciada en portada ayer por el diario Clarín.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo que “en el mundo la gran disputa es entre el poder visible y el poder invisible: son los grupos de poder concentrados, mediáticos, y con arietes del Poder Judicial”.
“Nosotros no nos oponemos al capital, sino al capital que se convierte en oligarquía. Entonces, esto es golpismo judicial activo. ¿Por qué la denuncia no persigue una finalidad jurídica? Porque no hay pruebas, sí busca un impacto político. Lo que se quiere generar es estrépito social”, según declaró.
El secretario general de la Presidencia, Alberto Fernández, se mostró en sintonía con Capitanich: se trata –dijo– de “una clara maniobra de desestabilización democrática”. Para el funcionario la medida dispuesta por el fiscal Pollicita “no tiene ningún valor jurídico, no tiene ninguna importancia” pero busca crear “conmoción” en la sociedad.
“Lo que le llega a mi mamá que no conoce de derecho, seguramente dice ‘huy, mirá, la Presidenta en una causa’... cuando en realidad está mencionada en una causa ridícula, bochornosa, insultante”, alegó.
El fallecido fiscal Nisman denunció a la Presidenta el 14 de enero pasado por un presunto plan para encubrir a los acusados iraníes del atentado que en 1994 causó 85 muertos en un intento por recomponer el comercio con Irán.
Este plan buscaba comprar petróleo barato a cambio de granos argentinos, algo que jamás ocurrió.
Pero solo cuatro días después Nisman apareció muerto con un balazo en la cabeza en su departamento del edificio Le Parc, en el barrio porteño de Puerto Madero. Un día después Nisman tenía previsto asistir a una comisión parlamentaria para ahondar su denuncia.
La Procuración del Tesoro de la Nación, que representa al Estado, presentó un escrito institucional en el que afirma que “no hay pruebas” de delito alguno atribuido a la Jefa de Estado.