“Estamos ante un juicio político”, dijo la portavoz de su gobierno regional, Neus Munté, en una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del ejecutivo en Barcelona.

“Hay enorme anomalía democrática en la Fiscalía General del Estado y el Gobierno español para querellarse contra un presidente escogido democráticamente (...) por haber puesto las urnas y escuchar la voz del pueblo”, denunció.

La fiscalía se querelló contra Mas y dos miembros de su antiguo ejecutivo por desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones por la consulta del 9 de noviembre en la que participaron 2,3 millones de catalanes, de los que casi 1,9 millones votaron por la independencia.

El presidente, que podría ser inhabilitado, deberá declarar el 15 de octubre.

En las elecciones regionales del domingo, presentadas como un plebiscito a favor o en contra de la independencia de la región, los partidos independentistas consiguieron la mayoría absoluta del parlamento regional (72 sobre 135 escaños) aunque no alcanzaron el 50% de los votos (47,8%).