Una publicación del diario El Nacional de Venezuela refiere que la interpretación de la Sala Constitucional de los artículos 229 y 232 que permitió la postulación de Maduro a la presidencia fue errónea, pues el vicepresidente no está habilitado para ser candidato, lo cual constituye “un vicio de nulidad que afecta a todo el proceso electoral”, sostuvo la ONG española Instituto de Altos Estudios Europeos (IAEE).
“El TSJ no solo fuerza la Constitución, al convertirlo en presidente sin cumplir los requisitos constitucionales, legales y procedimentales sino que olvida los artículos 57 y 58 de la LOPE (Ley Orgánica de Procesos Electorales) y 128 del Reglamento Electoral, que señalan que todo funcionario público debe separarse del cargo para postularse a elección popular. La interpretación resulta forzada e incluso sospechosa de una conducta prevaricadora”, señala el informe citado por el diario venezolano.
“Maduro no cumple con los requisitos del artículo 227 de la Constitución, puesto que contraviene el 229. Esta situación constituye un vicio de nulidad que afecta a todo el proceso, haciéndolo nulo de pleno derecho, y la Sala Constitucional del TSJ habría incurrido en la conducta tipificada en el artículo 25 de la Constitución que ha jurado defender y garantizar (…).
Todo acto que viole los derechos constitucionales son nulos y los funcionarios que los ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa”, agrega.
“En las últimas decisiones del TSJ se constata una muy preocupante permeabilidad a la voluntad del Ejecutivo y del partido que le mantiene. Una situación así pone en peligro y en serias dudas la necesaria neutralidad y objetividad exigible a este órgano en un sistema democrático”, asevera el documento.
El reporte de prensa cita otras de las irregularidades detectadas por la misión, entre las que cita:
–“Inseguridad jurídica e inquietud ciudadana sobre el origen de la candidatura de Maduro, su elección o las respuestas contradictorias sobre aceptar una auditoría”.
–Afán de conservar el poder “a toda costa” y mantener el legado de Chávez constituye una violación de las normas y aumentar “la sospecha de una suspensión del estado de derecho”.
“Las instituciones del Estado han perdido neutralidad, vulneran la garantía del ejercicio libre y sano de los derechos y las obligaciones ciudadanas, dejan indefensa a la ciudadanía y sin razón de ser a la democracia”.
–“Actores políticos siguen volcados en enfrentamientos y no en debates que garanticen líneas estables”.
–La negativa del CNE de propiciar una auditoría completa ha generado ataques y “dudas” con respeto a su imparcialidad.