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El contralor, Manuel Galindo, “le impuso la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de quince años, contado a partir de la fecha de ejecución de la citada resolución”, señala el dictamen.
La sanción responde a supuestas “irregularidades administrativas” durante la gestión de Capriles como gobernador del estado Miranda.
La decisión puede ser apelada ante la propia Contraloría o ante el máximo tribunal del país en un lapso de seis meses.
Ambas instituciones se encuentran dirigidas por miembros del chavismo.