La reserva de la fuente está amparada en Bolivia en una ley de 1925 que busca proteger el trabajo de los periodistas. Sin embargo, un juez puede pedir en determinadas circunstancias a un reportero que revele su fuente, aunque no hay antecedentes históricos de esta práctica.

La Razón publicó en abril un artículo firmado por Ricardo Aguilar que daba detalles de la demanda que Bolivia presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, con su centenario reclamo a Chile de una salida soberana al océano Pacífico.

A raíz de esa publicación, el gubernamental procurador general del Estado demandó penalmente a Aguilar y a la directora de La Razón, Claudia Benavente, bajo la “presunta comisión del delito de espionaje, revelación de secretos”. En su demanda pidió que el periódico revelara la fuente de la información, argumentando que el alegato internacional aún se mantiene en reserva. Si el periodista se niega a revelar la fuente y el caso continúa, el juez podría iniciar un proceso contra él. El sindicato de La Razón se declaró en estado de “emergencia”.