La Fiscalía General de la República acusa a Hoffmann y Paulo Bernardo –exministro de Planificación de Lula y de Comunicaciones de Rousseff– de haber recibido un millón de reales en 2010 (US$ 568.000 al cambio promedio de ese año) procedentes de recursos desviados de contratos de Petrobras, para financiar la campaña electoral de la dirigente.

Una condena contra la senadora Hoffmann, de 52 años, asestaría un nuevo y duro golpe al PT, cuyo principal referente, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), purga desde abril una pena de 12 años y un mes de cárcel por sobornos y lavado de dinero.

Las denuncias de corrupción son pasibles de condenas de 2 a 12 años de cárcel y las de lavado de 3 a 10 años, pero en caso de ser declarada culpable la legisladora no podría ser detenida de inmediato, por beneficiarse de fueros parlamentarios y por disponer de la posibilidad de presentar recursos.

La sentencia contra Hoffmann, al frente del PT desde junio de 2017, debe ser pronunciada por una corte de cinco magistrados (de los once con que cuenta el STF).