CARACAS (AFP, Reuters). El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano admitió ayer el recurso de amparo que introdujo la Procuraduría General contra el Parlamento, de mayoría opositora, por considerar que sus recientes actuaciones se encuentran “al margen de la Constitución”.

El Tribunal Supremo de Justicia ordenó al Legislativo “abstenerse de continuar con el pretendido juicio político” contra el mandatario Nicolás Maduro.

La sentencia fue difundida tres días después de que delegados del Gobierno chavista y la oposición convinieran, en una mesa de diálogo sobre la crisis instalada con acompañamiento del Vaticano, trabajar por la “normalización” de las relaciones entre los poderes públicos.

El TSJ recordó que la figura del “juicio político” no está establecida en la Constitución.

La coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) rompió 17 años de hegemonía chavista en el Parlamento cuando tomó el control en enero pasado, tras las elecciones de diciembre de 2015. Desde entonces, casi la totalidad de sus decisiones ha sido anulada por la justicia.

Estrategia

El Parlamento de Venezuela, que había sido declarado en desacato por el TSJ, desincorporó ayer a tres diputados de su bancada, en un intento por superar una pugna con la justicia que dictaminó que eran nulas las actuaciones de la Asamblea Nacional mientras esos legisladores participaran en las sesiones.

Los legisladores, dos del estado Amazonas, y el último de una representación indígena, solicitaron la desincorporación en un escrito, en el que también pidieron dejar “sin efecto” su juramentación; como estrategia para superar el conflicto con la justicia.

El chavismo había acusado a esos tres legisladores de comprar votos para acceder a sus escaños.

La salida de los diputados formaría parte de uno de los acuerdos logrados el fin de semana entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición, en la mesa de diálogo que instauraron en busca de superar la crisis política y económica del país, con acompañamiento del Vaticano y el Mercosur.