Más de 20 agrupaciones, entre ellas la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y la Asociación Justicia y Reconciliación, expresaron su preocupación por las acciones contra del organismo de la ONU.
El pasado lunes, el presidente conservador Jimmy Morales dio por concluido de forma unilateral el acuerdo que su país firmó con la ONU para el establecimiento de la Cicig en 2007, argumentando violaciones a las leyes nacionales e internacionales.
Las agrupaciones consideran que las actuaciones del mandatario “se deben a los compromisos que tiene Morales con sectores que se aprovecharon de los recursos del Estado y con militares comprometidos con violaciones a los DD.HH. durante el conflicto armado”.
La relación de Morales con la Cicig fue hostil desde el inicio de su mandato en 2016. El ente acusó a su hijo y a su hermano por evasión fiscal y lavado de dinero, y están a la espera de juicio.
La situación se agravó en 2017 cuando la Cicig y la Fiscalía acusaron a Morales de financiamiento ilegal de su campaña para la presidencia en 2015.