BRASIL (AFP, Reuters). La Cámara de Diputados, en plena madrugada de ayer y tras modificar el proyecto original que incluía medidas anticorrupción, aprobó una iniciativa que permite acusar a jueces y fiscales de “abuso de autoridad”. La normativa pasa a la Cámara de Senadores y luego a manos del presidente Michel Temer.

Los legisladores retiraron la definición legal del delito de enriquecimiento ilegal y borraron una cláusula que crea una recompensa y un sistema de protección para quienes reporten actos de corrupción. En su lugar agregaron penas, que incluyen condenas de prisión, para los jueces y fiscales que incurran en abusos de autoridad.

Para los agentes del Ministerio Público, el proyecto de ley representa “el comienzo del fin de Lava Jato” (lavadero de autos), como se conoce a la investigación que reveló una confabulación entre empresarios y políticos para financiar campañas y acrecentar fortunas personales mediante subastas ilícitas de obras en Petrobras.

La aprobación de la “ley de intimidación” ocurre en momentos en que “Lava Jato” está cada vez más cerca de aclarar crímenes de corrupción practicados por un número significativo de legisladores influyentes, que pretenden frenar el avance del caso.

La semana pasada, las bancadas oficialistas habían articulado un intento de amnistiar los delitos de “Caja 2” , donaciones no declaradas ante la justicia electoral, que suelen usarse para lavar dinero de la corrupción. Pero la indignación ciudadana provocada por esa tentativa llevó al presidente conservador Michel Temer a advertir que vetaría esa ley.