WASHINGTON (EFE). “Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana ”, dijo Almagro durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.

La Carta Democrática es un instrumento jurídico que, en sus artículos 20 y 21, contempla trámites diplomáticos contra un Estado miembro donde haya “una alteración del orden constitucional” y, de fracasar esas gestiones, allana el proceso para su suspensión, con lo que dejaría de participar en los programas del organismo.

Para aprobar la suspensión, la mayor forma de sanción que tiene la OEA, son necesarios 24 votos, es decir, dos tercios de los 34 países que son miembros activos del organismo (Cuba pertenece a la institución pero no participa en ella desde 1962).

En la sesión de ayer, cinco Estados miembros (Argentina, Colombia, Chile, EE.UU. y Perú) se mostraron a favor de evaluar la situación en Nicaragua mediante la Carta Democrática, una opción que también respaldó la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño.

“La CIDH llama a los Estados Miembros de la OEA a rechazar las violaciones a los derechos humanos, los actos de represión contra la población nicaragüense y a considerar el cumplimiento de las condiciones que hacen aplicable la Carta Democrática Interamericana al país”, afirmó Arosemena de Troitiño.

La represión de las protestas populares en Nicaragua han dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la CIDH, aunque ciertos grupos defensores de derechos humanos grupos elevan la cifra a 545 las víctimas mortales.

El régimen de Daniel Ortega ha empleado en esa tarea a agentes oficiales y a grupos paramilitares.

En sus 70 años de historia, la OEA solo ha suspendido a dos Estados (Cuba y Honduras); mientras que en su Asamblea General de este año dio un primer paso para iniciar ese proceso con Venezuela.

En su discurso, Almagro no se refirió a la suspensión y se limitó a anunciar el inicio de la aplicación del artículo 20, algo que puede hacer como secretario general y que le permite convocar de manera “inmediata” un Consejo Permanente que podría iniciar las gestiones diplomáticas con Nicaragua.

La embajadora argentina, Paula Berto, fue contundente al asegurar que el Gobierno de Ortega está cometiendo “terrorismo de Estado” y adelantó: “Muchos Estados estamos pensando en la aplicación de la Carta Democrática, muchos de nuestros Estados estamos pensando en una reunión de consulta extraordinaria”.

El embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, dijo que Almagro está actuando de forma “acusadora y amenazante” al haber iniciado el proceso para aplicar la Carta al gobierno de su país.