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Lula, bajo la amenaza de ir a prisión por caso “Petrolão”

Este artículo tiene 10 años de antigüedad
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A poco de sufrir una derrota política histórica, el expresidente de Brasil, Lula da Silva, corre el riesgo de terminar en la cárcel por el caso “Petrolão”, debido a una resolución aprobada por la Suprema Corte de su país. El líder del PT fue acusado de “comandante máximo” de un esquema de corrupción.

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BRASILIA (ANSA). Luego de años de un liderazgo incuestionable y alta popularidad, Lula enfrenta un cerco jurídico y político que puede acarrearle consecuencias imprevisibles.

El Supremo Tribunal Federal aprobó por seis votos contra cinco una resolución que autoriza la prisión de un condenado cuando su causa llegue a la segunda instancia.

La decisión de la alta Corte se aprobó en la noche del miércoles pasado luego de ocho meses de debate de un asunto que afecta directamente a Lula, quien desde hace tres semanas está procesado en la causa por el “Petrolão”, a cargo del juez Sergio Moro.

Si este magistrado condena a Lula, algo dado como seguro por los analistas, su caso pasará a la segunda instancia probablemente en 2017 y ese año habría una sentencia.

Si este segundo fallo inculpara al expresidente, este quedará automáticamente en prisión, lo cual se avizora como un golpe letal para su carrera política, pues lo dejará fuera de la carrera presidencial en los comicios de 2018.

En el proceso abierto por el implacable juez Moro, Lula es acusado de corrupción y lavado de dinero por la supuesta compra ilegal de un apartamento en el litoral atlántico.

En esa operación, según la acusación presentada por el Ministerio Público, Lula fue beneficiado por un soborno de la empresa constructora OAS. En el Partido de los Trabajadores (PT) no esconden su preocupación sobre la suerte de su fundador y líder; y otros altos dirigentes que fueron procesados por el caso “Petrolão”.

Red de corrupción

Bajo el gobierno del expresidente del Brasil se montó en ese país la mayor red de corrupción conocida en su historia, con más de 13.000 millones de dólares robados del dinero público, yendo presuntamente buena parte a crear la fortuna de la familia presidencial.

Los investigadores calculan que en la petrolera estatal brasileña se defraudaron unos 8.000 millones de dólares (2.000 millones ya verificados); y cobraron más de 5.000 millones de dólares en sobornos para otorgar beneficios fiscales, provocando al pueblo brasileño un daño virtualmente imposible de calcular.

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