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MANAGUA (EFE). La CIDH recordó que ayer se cumplió un año de la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), a través del cual el organismo da seguimiento a la situación de los derechos humanos, medidas cautelares y recomendaciones al Gobierno para superar la crisis.
La CIDH y el Meseni se establecieron en Nicaragua en junio de 2018 para dar seguimiento a la crisis “in loco”, gracias a una invitación extendida por el Gobierno bajo una fuerte presión interna, pero el Ejecutivo los invitó a abandonar el país de forma repentina en diciembre pasado. Desde entonces monitorea los derechos humanos de forma remota.
Desde el inicio de su misión en Nicaragua la CIDH presentó al Gobierno del presidente Daniel Ortega una lista con 15 recomendaciones para garantizar la protección de los derechos humanos.
Entre las recomendaciones estaban el cese de la represión, respetar la protesta pacífica, desarmar a paramilitares, investigar los hechos de violencia y la obstrucción del servicio de salud, aceptar el escrutinio internacional, o garantizar la independencia de prensa.
La Alianza Cívica, contraparte del régimen en las negociaciones para superar la crisis, sostiene que Ortega nunca atendió las recomendaciones.
La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de cometer crímenes “de lesa humanidad” desde el estallido social en abril de 2018.
Al menos 326 personas han muerto en 14 meses de crisis en Nicaragua, según la CIDH. Organizaciones locales elevan la cifra a 594, y el régimen socialista de Ortega reconoce 200. Un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua está en marcha actualmente en la Organización de los Estados Americanos (OEA), por rompimiento del orden institucional. De ejecutarse, el país centroamericano sería suspendido del organismo continental.
El 19 de julio de 1979 Daniel Ortega era un héroe al frente de la insurrección que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza, pero 39 años después gobierna Nicaragua junto a su esposa, Rosario Murillo, aferrado al poder, mientras miles reclaman su salida.
Muchos de sus excompañeros le acusan de desvirtuar los ideales sandinistas, de autoritarismo y nepotismo, al compartir el poder con su esposa mientras algunos de sus hijos ocupan cargos públicos.
Actos de tortura y detenciones
La CIDH ha denunciado “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”, en las manifestaciones sociales que han dejado alrededor de 350 muertos en tan solo tres meses.
Las protestas comenzaron el 18 de abril de 2018 por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.