Venezuela, gobernada por el chavismo desde hace casi dos décadas, atraviesa una de las peores crisis económicas, con fuerte impacto negativo en la alimentación y la salud de la población.
La oficialista Asamblea Nacional Constituyente decidió adelantar las presidenciales para abril próximo, en respuesta –según la excanciller Delcy Rodríguez– a las sanciones que impuso la Unión Europea contra siete altos funcionarios venezolanos, entre ellos el número dos del chavismo, Diosdado Cabello.
La disidencia asegura que el anticipo de los comicios es una maniobra más del régimen para favorecer a Maduro, que ya anunció buscará la reelección.
Casi todos los líderes opositores más populares de Venezuela están fuera de la competencia política, ya sea porque están presos, en el exilio o inhabilitados para ocupar cargos públicos
Henrique Capriles, dos veces aspirante a la presidencia, tiene prohibido aspirar a cargos públicos por 15 años, en una sanción por supuestas irregularidades administrativas.
Leopoldo López fue sentenciado a 15 años de cárcel, aunque hoy está con arresto domiciliario. También fue inhabilitado electoralmente.
Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, escapó en 2017 de su detención domiciliaria y buscó asilo en España, lo mismo que Freddy Guevara, el exlíder estudiantil, exvicepresidente del Congreso que buscó en noviembre asilo en la Embajada de Chile en Caracas alegando temor de ser encarcelado. Aún está allí.
Otros disidentes que buscaron refugio en el exterior son Ramón Muchacho, condenado a 15 meses de prisión por la Corte por no contener masivas protestas contra el régimen en Chacao, ciudad de la que era alcalde, y David Smolansky, un periodista y exalcalde del elegante barrio El Hatillo, que fue sentenciado a 15 meses de prisión. Huyó a través de la frontera con Brasil y se radicó en Washington.
En este contexto, la oposición quedó sin un candidato claro, aunque desde el fin de semana se instaló el nombre del empresario Lorenzo Mendoza.