CARACAS (AFP). Sin aval del Consejo Nacional Electoral (CNE) -al que acusa de servir al gobierno- el plebiscito es presentado como un acto de “desobediencia civil” contra el régimen de Nicolás Maduro, a quien la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) desconoce invocando un artículo constitucional (350) que consagra el derecho a rebelarse contra gobiernos autoritarios.
Aunque no es legalmente vinculante, la votación busca hacer palpable el rechazo a la Constituyente convocada por el chavismo, que llega a 70% según la encuestadora Datanálisis.
Una alta afluencia en el plebiscito frente a una hipotética poca participación en la elección de los asambleístas, el 30 de julio, afectaría la viabilidad y gobernabilidad de la Constituyente.
La oposición arrasó en las parlamentarias de 2015 -última elección en Venezuela-, con una diferencia de 2,1 millones de votos sobre el chavismo.
Según la MUD, con la consulta de mañana iniciará la fase decisiva para sacar del poder a Maduro, acosado por protestas que dejan 95 muertos desde el 1 de abril pasado; que profundizaron el caos y el conflicto político.
Maduro fue elegido hasta enero de 2019, pero la oposición teme que la Constituyente pueda cambiar el sistema electoral para perpetuar al chavismo. Por ello, asegura que el plebiscito marcará la “hora cero” de su ofensiva final.
Aunque la MUD no ha dicho en qué consistirá esa batalla, los analistas vislumbran una escalada que podría traer más violencia o una huelga general en los días previos a la elección de asambleístas.
El gobierno asegura que la Constituyente será un “suprapoder” con facultad para disolver el Parlamento, y traerá la paz y recuperación ante la grave crisis económica.
Pero analistas estiman que Maduro, con grandes dificultades para ganar elecciones, podrá usarla para “gobernar sin límites”, aprovechando que la oposición no participará en la Constituyente por considerar fraudulento el método electoral.
Pero para frenar la Constituyente haría falta una declaración de rechazo del alto mando militar, que ha jurado “lealtad incondicional” al gobernante.