“Estamos defendiendo el derecho a la vida ante una situación de emergencia”, afirmó una portavoz del gobierno de Andalucía, región del sur del país duramente golpeada por la crisis, tras tomar inéditas medidas para garantizar que los más frágiles no sean expulsados de sus hogares por no pagar sus hipotecas.
Dirigido por socialistas y ecolo-comunistas, el ejecutivo andaluz decidió expropiar a los bancos, durante un máximo de tres años, el uso de las viviendas cuando vayan a desahuciar a familias en riesgo de exclusión social, que cumplan condiciones como vivir con menos de 1.600 euros al mes.
La decisión entró en vigor este viernes suscitando las críticas del gobierno conservador de Mariano Rajoy contra una medida que “afecta a un derecho como el de la propiedad privada” y cuya constitucionalidad está en duda, afirmó la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Sin embargo, ese mismo día varias familias andaluzas pidieron acogerse a ella, a cambio del pago de un pequeño “alquiler social” que se les impone.
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Feudo histórico de los socialistas y la única de las 17 regiones de España donde todavía gobiernan, Andalucía, con ocho millones de habitantes, es la zona del país más golpeada por el desempleo, con 35,86%, por encima de la ya muy elevada media nacional que ronda 26,02%.