La comisión solicitó a la Procuraduría de la Ética evaluar el comportamiento del mandatario.
El caso, conocido como “cementazo”, tiene que ver con una presunta red de tráfico de influencias que involucra a diputados, funcionarios judiciales, del Poder Ejecutivo y bancarios, para facilitar millonarios créditos a un empresario y flexibilizar los requisitos para la importación de cemento.
Las críticas al gobernante fueron incluidas en el informe final de la comisión que investigó la concesión de créditos por más de US$ 30 millones de bancos públicos para importar cemento chino, un caso que expuso irregularidades en los tres poderes del Estado.
El presidente Solís refutó los señalamientos y afirmó que “nunca he instruido a funcionario alguno para que viole algún ordenamiento jurídico o interceda ante una empresa o persona en especial. Quien diga lo contrario, falta a la verdad”.