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Quienes son considerados como presos políticos han denunciado de forma reiterada que son víctimas de tortura física y psicológica dentro de las cárceles del país y exigen su libertad.
La CPDH hizo pública la situación un día después de que la expuso ante el nuncio del Vaticano en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, quien actúa como “testigo y acompañante” en las negociaciones entre el Gobierno y una alianza opositora extraparlamentaria para superar la crisis sociopolítica.
Según la organización civil, los convictos están cansados de recibir malos tratos, y de que el Gobierno no cumpla su compromiso de liberarlos.
El 19 de abril es una fecha icónica en la crisis de Nicaragua, ya que ese día de 2018 las protestas contra el presidente Daniel Ortega trascendieron de Managua y se multiplicaron en todo el país.
Actualmente en Nicaragua hay entre 779 y 809 presos de conciencia, casi el doble de los que reconoce el régimen socialista, que los identifica como “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”.
La crisis sociopolítica de Nicaragua ha dejado unos 325 muertos desde abril de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales y el Ejecutivo reconoce 199.
La CIDH responsabiliza al régimen nicaragüense por crímenes de “lesa humanidad”.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por romper el orden constitucional, que de ejecutarse suspendería a Nicaragua del organismo continental.