BUENOS AIRES (Reuters). El Gobierno culpó a ex agentes desplazados de la Secretaría de Inteligencia (SI) de haber estado enredados en la impactante –y no esclarecida– muerte del fiscal Alberto Nisman, y creó por ley una nueva agencia que será sometida a mayores controles.
La iniciativa, aprobada el jueves por el Congreso, da pocas pistas sobre qué pasará con los viejos espías, pero una fuente gubernamental aseguró que el Gobierno prevé muchos despidos luego de que la presidenta dijera que parte de los servicios estaban “fuera de control” y tenían prácticas “siniestras”.
“Se va a echar mucha gente. Va a haber una revisión en serio“, dijo la fuente, que pidió que no se revelara su identidad. “La idea es echar a todos aquellos que no son confiables para el Estado o que trabajan también para otros servicios”. La nueva ley estipula que las escuchas telefónicas, una herramienta que suele ser usada con fines turbios, quedarán bajo el control de los fiscales. Los gastos del aparato de inteligencia también tendrán una mayor supervisión.
La norma, que fue criticada por la oposición al considerar que establece escasos controles sobre los espías, prevé que los agentes de la actual central sean incorporados por la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en un plazo de 90 días. La purga se haría en ese lapso.
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“No hablemos de purga, es una palabra fea, digamos que algunos serán retirados”, señaló otra fuente del Gobierno. La diputada oficialista Graciela Giannettasio dijo que los despidos son una opción prevista en la ley. Pero algunos políticos opositores temen que una purga termine llevando a militantes afines al Gobierno a los servicios de inteligencia, en lugar de designar agentes profesionales.
“El kirchnerismo en el final de mandato deja copadas las áreas de inteligencia“, señaló la diputada opositora Patricia Bullrich. A pesar de las críticas, Oscar Parrilli, designado como jefe de la Secretaría de Inteligencia, aseguró que el Gobierno dará importancia “a la Escuela de Inteligencia para formar nuevos funcionarios”.