El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, rechazó ayer el fallo porque “todos los venezolanos, incluso con sentencia del TSJ, tienen derecho a la protesta pacífica que establece la Constitución y punto”.
“Mientras existan este caos y tantos problemas sin respuesta, nuestro pueblo seguirá en la calle protestando, con o sin TSJ”, manifestó el líder opositor.
Desde ayer, las autoridades de seguridad venezolanas pueden reprimir cualquier manifestación que no cuente con el aval o autorización previos utilizando los “mecanismos necesarios”, según lo ha determinado la Sala Constitucional del TSJ.
La sala dejó establecido que, pese a la disposición de la Constitución que establece que los ciudadanos tienen derecho a manifestarse pacíficamente y sin armas, sin más requisitos que los previstos por la ley, ese derecho político no es absoluto.
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El tribunal señaló, además, que las policías municipales “detentan una competencia compartida en materia del control del orden público” por lo que “tienen la obligación de coadyuvar con el resto de los cuerpos de seguridad (policías estaduales, Policía Nacional Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana) en el control del orden público”.
El alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, consideró además que la sala judicial usurpa funciones de la Asamblea Nacional (Congreso).