El amparo fue solicitado el domingo último por el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, después de que el presidente anunciara su decisión de declarar “non grato” y expulsar del país al comisionado, una postura que reiteró en varias ocasiones.

La orden de Morales obedecía, según sus propios argumentos, a una supuesta “injerencia en asuntos internos” de Velásquez y sostuvo que su acción se basó en el artículo 183, literal P, de la Constitución, que dice que el presidente tiene como función “recibir a los representantes diplomáticos, así como expedir y retirar el ‘exequatur’ a los cónsules”.

Pero la decisión de la Corte “impugna” el acto del presidente al entender que este “actúa con ilegalidad” , pues ese artículo no aplica y, además, “no cumplió con los preceptos constitucionales, específicamente el artículo 182 de la Constitución”. Este artículo dice que el presidente actuará “siempre con los ministros, en consejo o separadamente con uno o más de ellos”, es decir, que la declaración de “non grato” al comisionado debió ir firmada por alguno de sus ministros, algo que no realizó.

Otra de las razones con las que el Constitucional razonó rebatir el acto presidencial es el artículo 12 del Convenio de Creación de la CICIG, del año 2007, que indica que para pedir la salida del comisionado el Gobierno de Guatemala debe llegar a un acuerdo con Naciones Unidas.

Es por ello que la resolución pidió a las carteras de Relaciones Exteriores, Gobernación (Interior), Defensa y Policía Nacional Civil que se abstuvieran “en forma definitiva” de ejecutar la decisión del presidente de expulsar al comisionado Velásquez.