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BUENOS AIRES (AFP).El debate se inició con la intervención de cinco expertos (“amicus curiae”) nombrados por el Gobierno y cinco designados por Clarín, que se centró en tres artículos de la ley que obligarían al más fuerte grupo de medios de Argentina a realizar una importante desinversión.
“La concentración mediática es contraria a la libre información y es incompatible con la formación de una voluntad popular y libre en democracia”, dijo la procuradora (fiscal) general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
Por su parte, el sociólogo Eliseo Verón, del Comité del Consumidor (CodelCo), expresó su postura contraria a limitar a un medio para “proteger” a otro: “No hay ninguna razón de limitar ciertas voces con el pretexto de que vengan otras”.
Asdrúbal Aguiar, del Observatorio Iberoamericano de la Democracia, calificó la ley “arbitraria, irrazonable y absurda” en sus artículos cuestionados.
Aguiar advirtió que la norma “propone un régimen de intervención estatal sobre medios de comunicación radioeléctricos”.
En cambio, Miguel Rodríguez Villafañe de Cooperar, una asociación de 3.000 cooperativas argentinas, dijo que “el pluralismo informativo es una necesidad de la democracia y no del mercado”.
Los especialistas fueron desgranando sus argumentos para manifestarse a favor o en contra de la constitucionalidad de tres artículos, suspendidos hasta ahora por amparos judiciales presentados por Clarín.
El Grupo Clarín, muy crítico de Kirchner, considera que la ley constituye un ataque a la libertad de expresión.
Los artículos cuestionados son el que limita el número de licencias de televisión por cable, el que considera incompatible la titularidad de licencias de distintas clases de servicios entre sí, y el que otorga un plazo de un año para revertir las licencias que excedan lo estipulado por la ley.
La audiencia fue seguida fuera de los tribunales y a través de pantallas gigantes por centenares de manifestantes.
La audiencia concluye hoy con la intervención de Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFCSA), mientras que abogados del grupo Clarín defenderán la posición contraria.