Según el Centro de Información Judicial, la Corte requirió la opinión de Gils Carbó, jefa de los fiscales de Argentina, sobre los recursos presentados por el Gobierno y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) contra el fallo emitido por un tribunal de apelaciones el pasado abril.

La Sala I de la Cámara Civil y Comercial declaró inconstitucional el artículo 45, referido al límite máximo de licencias que puede tener una empresa, y el 48, que legisla sobre los derechos adquiridos de las compañías antes de la aprobación de la norma.

Según el recurso de la Afsca ante el máximo tribunal, la sentencia de la Cámara fue arbitraria por “carecer de fundamentación” e incurrió “en apreciaciones ideológicas parcialmente destinadas a satisfacer los intereses” de Clarín, el mayor grupo multimedia del país.

Ley parcialmente suspendida

La ley de medios audiovisuales fue impulsada por el oficialismo y aprobada por el Congreso argentino en 2009, en sustitución de otra, sancionada en 1980, durante el último régimen militar. Sucesivas medidas cautelares dictadas por la justicia han mantenido la aplicación de la ley parcialmente suspendida hasta la fecha.

La norma fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35% del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35% de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.

Los grupos que excedan los máximos previstos por la ley están obligados a desinvertir.

Clarín, que cuestiona la constitucionalidad de la ley, considera que la normativa contiene artículos elaborados como “un traje a medida” con el objetivo de “desguazar” al mayor grupo multimedio del país.