Tribunal brasileño ordena desalojo de indígenas que ocupan represa

Un tribunal brasileño ordenó que un grupo de indígenas que ocupa las obras de la represa de Belo Monte, en plena selva amazónica, sea desalojado del lugar a fin de que continúen los trabajos, informaron ayer fuentes judiciales. Los pobladores afectados alegan que no fueron consultados para la realización de un proyecto que les afecta, por lo que piden su suspensión.

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BRASILIA (EFE).Los nativos, de las etnias Munduruku, Juruna, Kayapó, Xipaya, Kuruaya, Asurini, Parakaná y Arara, ocupan el lugar desde hace una semana para exigir la paralización de las obras, pues sostienen que la represa causará un desastre medioambiental en el río Xingú, en el estado de Pará.

Un tribunal de esa región decidió que la ocupación es “ilegal”, por lo que ordenó a las autoridades policiales que desalojen a los manifestantes.

Según medios locales, el Ministerio Público ya inició una negociación con los nativos a fin de que el desalojo se desarrolle en forma pacífica.

Fuentes de la organización no gubernamental Xingú Vivo Para Siempre, que reúne a grupos de indígenas, ecologistas y diversos movimientos sociales que se oponen a la represa, dijeron que los manifestantes están dispuestos a abandonar el lugar pero no a cesar sus protestas.

La represa será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, por detrás de la Itaipú, que comparten Brasil y Paraguay, y la china de Tres Gargantas.

Según el proyecto, que es uno de los principales de Brasil en el área energética, la represa generará 11.233 megavatios en las épocas de crecida del río Xingú y deberá comenzar sus operaciones en 2015.

Para la construcción de este coloso de cemento en plena Amazonia serán inundados 516 kilómetros cuadrados de selva, lo cual, según los opositores al proyecto, obligará a desplazar a unos 50.000 indios y campesinos que habitan en las riberas del Xingú y causará daños irreparables en el ecosistema de la zona.

Medida de la CIDH

Ante los efectos ambientales de la construcción, como disminución del caudal de río, lo cual afectó los recursos alimenticios de los pobladores, los afectados solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dicte medidas de precaución para frenar las obras.

El tribunal regional solicitó al Gobierno en 2011 la suspensión de las obras. Además, ante cualquier posible reanudación, exigió la realización de procesos de consulta a las comunidades afectadas y la adopción de medidas urgentes para la protección de la vida de las comunidades indígenas.

Posteriormente, el año pasado, el Tribunal Regional Federal de Brasil confirmó la solitud de la CIDH, ordenando la suspensión de las obras bajo el argumento de que la aprobación de la construcción fue ilegal, ya que no se realizó consulta alguna a las comunidades de la zona de influencia de la represa.

Sin embargo, la Corte anuló la suspensión, autorizando la reanudación de las obras, aunque la decisión aún puede ser revisada.

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