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La decisión de prohibir las donaciones empresariales la tomó en 2015 el Tribunal Supremo de Brasil (STF) tras el escándalo de la Lava Jato, una importante investigación que desveló la promiscua relación entre los partidos y empresas.
Según demostraron las investigaciones, compañías brasileñas donaban sumas millonarias, muchas veces sin declarar, para las campañas de los más diversos partidos y, a cambio, los políticos otorgaban favores mediante la aprobación de medidas legislativas o la facilitación de contratos públicos.