El secretario general de la JND admitió de entrada que la iniciativa es “un salto importante que expone al país y lo obliga a discutir fuertemente a nivel nacional y regional”.
El proyecto, presentado el miércoles junto con un paquete de acciones contra la inseguridad en las calles, pretende que ninguno de los 75.500 consumidores habituales de marihuana del país, de unos 3,3 millones de habitantes, tenga que comprarla en los mismos puestos clandestinos de venta de pasta base de cocaína.
Esta última droga, consumida por unas 5.000 personas, es más barata, fuerte y adictiva, y es considerada la causa de la delincuencia juvenil y su alto grado de violencia.
Según Calzada, la despenalización “no es un salto al vacío”, sino que se da en el marco de un conjunto de iniciativas que se vienen dando en América Latina y en el mundo desde hace varios años, respaldadas algunas por figuras como Ernesto Cedillo, Fernando Henrique Cardoso o Mario Vargas Llosa.
El funcionario recordó también que el mandatario de Honduras, Otto Pérez Molina, ha decidido apoyarla pese a no ser de tendencia progresista porque está cansado de que su país “ponga los muertos” cuando ni produce ni consume estupefacientes.
“El propio presidente (de Colombia, Juan Manuel) Santos planteó que está dispuesto a discutir las políticas de drogas en términos globales”, agregó.
La estrategia antidrogas de Santos, uno de los primeros en criticar la iniciativa uruguaya desde el extranjero, fue a su vez cuestionada por Calzada.
“Tampoco Colombia consultó al conjunto de los países cuando decidió realizar el Plan Colombia, que tuvo un impacto relevante en el desarrollo del consumo de pasta base en el sur del continente”, denunció.
Para lanzar su estrategia, narró, Uruguay ha tomado en cuenta lo que se ha hecho sobre la materia desde hace más de treinta años en Holanda, Australia e incluso en Estados Unidos.
La política uruguaya de separación de mercado es similar a la que hizo Holanda con la marihuana y la heroína, que le permitió ser “uno de los países menos afectados por la epidemia del VIH en los años ochenta y noventa”, apuntó.
Discrepancias internas
MONTEVIDEO (ANSA). El viceministro del Interior de Uruguay, Jorge Vázquez, y la cúpula policial que tiene a su cargo el combate al narcotráfico expresaron su discrepancia con la iniciativa del Gobierno para legalizar la venta de marihuana.
Las máximas autoridades de la Dirección del Combate al Tráfico Ilícito de Drogas no fueron consultadas ni informadas previamente respecto a la propuesta y consideran que puede tener efectos contraproducentes, publicó ayer El Observador.
Los especialistas de la policía piensan que legalizar el comercio de la marihuana potenciará la corrupción y obligará a reprimir a quienes compitan con el monopolio del Estado.