La acusación presentada por la fiscala Mirtha Rivas tiene relación con el robo de mercaderías ocurrido en julio del 2013, cuando personal de Puerto Seguro Fluvial permitió el ingreso de vehículos en horas de la noche al predio donde se encontraban los contenedores, de donde se hurtaron mercaderías por más de 368.290 dólares, pertenecientes a las empresas Tecnomyl, Chacomer, Neumáticos del Paraguay y Matrisoja.

La investigación fiscal derivó en el procesamiento de los funcionarios Sindulfo Cabañas Fernández, jefe de seguridad turno noche; Hugo U. Burgos Pereira, auxiliar administrativo; Néstor F. Presentado Lugo y Alfonso Leiva Medina, guardias de seguridad; Alejandro A. Larroza Duarte, supervisor de guardia; y Marcial Martínez y Ramón Martínez Garrido, personas extrañas a la firma.

La Fiscalía acusó a todos por hurto agravado y a Cabañas, Burgos y Larrosa, también por lesión de confianza. Los acusados lograron en forma irregular salidas alternativas previo ofrecimiento de una suma inferior al perjuicio referido en concepto de reparación del daño, decisión anulada por la Cámara en el 2015.

Una vez elevada la causa a juicio oral, llevar adelante la audiencia se ha vuelto una verdadera odisea. Entre marzo del 2017 y abril del corriente, el Tribunal de Sentencia integrado por Javier Sapena, Liz Ramírez y Liliana Ruiz Díaz suspendió el juicio en cuatro ocasiones.

“Lo grave es que el Tribunal de Apelación de Central resolvió en tres días el rechazo de la recusación de tal manera que continúe sin interrupciones el juicio. Sin embargo, el Tribunal de Sentencia señaló nueva fecha para el 26 de julio de 2019, es decir, para casi tres meses después de la suspensión del juicio que se estaba llevando adelante, ubicando la causa al filo de la impunidad por extinción”, dijo Elizeche, al destacar que ya pidieron a la Corte auditar la causa.