En una sesión extraordinaria realizada ayer, el pleno de la Corte Suprema de Justicia dispuso la suspensión del aumento para médicos, psicólogos y psiquiatras forenses y asistentes sociales.
“Lo que ha sucedido es que existe un aumento decretado en el Congreso de la Nación por el cual quienes tenían un salario –y es a quienes he hecho referencia recientemente– de G. 4.538.935 mensuales pasarán a percibir G. 7.500.000. Es decir, se ha hecho un aumento que no ha tomado en consideración diferentes aspectos vinculados con los distintos cargos”, explicó el titular de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón.
Asimismo, los ministros resolvieron la reprogramación presupuestaria correspondiente al aumento de salario asignado a los profesionales del servicio médico forense, equivalente a G. 8.163.414.545 anuales (aguinaldo incluido).
A petición del ministro Alberto Martínez Simón se resolvió además enviar una nota al Congreso Nacional expresando preocupación ante lo ocurrido, en atención a que desde el 2009 se estableció que la Corte Suprema de Justicia es la única responsable de toda recategorización de funcionarios. En consecuencia, de no ser avalada por la institución, esta será denegada.
“Para respetar y hacer respetar el principio constitucional de la autarquía presupuestaria que encabeza la Corte, se hace imperioso ordenar eso, y suscribo la moción del Dr. Manuel Ramírez y hacer una redistribución de esos fondos a cuestiones que hagan estrictamente al cumplimiento de la misión del Poder Judicial”, argumentó Martínez Simón.
“Existiendo una resolución de la Corte que establece cuáles son las reglas para el tratamiento del presupuesto ante el Congreso Nacional ¿cómo es posible que un sector del funcionariado, en expresa y manifiesta violación de esa disposición de la Corte, vaya a hacer una gestión unilateral a espaldas de la Corte, que es la que tiene que establecer la política presupuesta financiera y la estrategia para poder obtener este presupuesto?”, expresó a su vez la ministra Carolina Llanes, al destacar la necesidad de determinar cómo se gestó el aumento inconsulto y quiénes son los responsables.
Gremialista del PJ está conforme
Porfiria Ocholasky, secretaria del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay: “Está bien porque me parece injusto que porque tenga alguien influyente en el Congreso venga con un salario más alto que su jefe y su trabajo no amerite ese aumento. Se tiene que respetar la institución, comparto con que se tiene que pagar más pero no estoy de acuerdo con que se tenga que sobrepasar la autoridad de la CSJ; ahora, si hicimos el pedido y la Corte no atiende ese pedido, entonces tenemos que ver otras acciones”.