Los camaristas Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández y Bibiana Benítez ratificaron la resolución dictada el 9 de enero pasado por el juez penal de garantías Tadeo Fernández.

El magistrado rechazó el recurso de nulidad planteado por las abogadas Sara Parquet y Paola Gauto, defensoras de Bajac. La defensa alega supuesta falta de descripción de la conducta atribuida al exministro.

“En cuanto a los elementos de convicción que sustentan dicha imputación, se puede observar la mención de testimonios, informes, documentos, actas de constitución fiscal, audios y filmaciones con autorización judicial, con la concreta descripción de la conducta atribuida a Miguel Oscar Bajac, con lo cual, el supuesto agravio de la falta de indicios o elementos que prueben su participación, debe ser rechazado”, afirma la Cámara.

La investigación fiscal se inició a partir de la denuncia de la empresa Cal Agro SA, que se declaró víctima de una extorsión de parte del entonces ministro de la Corte. Bajac supuestamente solicitó a Nery Páez y Liduvina Rodríguez, dueña de la empresa, que le paguen US$ 50.000 dólares para que junto al ministro Raúl Torres Kirmser fallen a favor de ellos en un expediente caratulado “Cal Agro SA c/ INC sobre resolución de contrato e indemnización de daños y perjuicios”.

La Fiscalía montó un operativo encubierto de G. 50 millones a ser entregados a modo de adelanto.

El 5 de julio del 2018 se pactó la entrega de US$ 10.000 en la plaza que está frente al Palacio de Justicia, donde el facilitador judicial Rafael Ramírez acudió al sitio y recibió el dinero, tras lo cual fue detenido y procesado por tráfico de influencia.

En diciembre del 2018 la Fiscalía imputó a Bajac y en junio pasado acusó y pidió juicio oral y público para el mismo. Idéntica petición se formuló para el funcionario judicial Juan Carlos Ávila Meza y el abogado Carlos Miguel Lesme, también por cohecho pasivo agravado, pero en calidad de cómplices.