“Todavía no empezó el juicio y tiene un miedo terrible como cobarde que es. Ellos dicen que son inocentes, no hicieron nada, se fueron a tomar nomás cocido a las 9 de la noche allá donde se le torturaba a Cáceres. Nadie te va a decir luego lo contrario”, expresó.

La semana pasada, la CIDH dio un plazo de 10 días a la Cancillería para que informe sobre el juicio que afronta Bower, iniciado a 19 años de la apertura del proceso y actualmente en etapa incidental, proceso dilatado al extremo a causa de las numerosas chicanas promovidas por la defensa.

La denuncia radicada por Bower argumenta que se habría ordenado de manera irregular y extemporánea medios probatorios no producidos o no incorporados al proceso y sostiene que la elevación a juicio fue dispuesta por un juzgado no competente al proceso.

La prueba cuestionada por la defensa es la fotocopia autenticada del libro de novedades de la Marina donde quedó acreditado la concurrencia del entonces ministro del Interior en la sede, para las sesiones de apremios físicos. En la audiencia preliminar, el juez Gustavo Amarilla autorizó la admisión de la fotocopia autenticada, tras constatarse que el fiscal Fabián Centurión había perdido el original.

“Todo fue normal, no se está violando ningún principio constitucional o el debido proceso, recién con la intervención del juez Amarilla se pudo reencauzar o restaurar lo que podríamos llamar en términos vulgares descalabro procesal. Si no fuera por el juez Amarilla no íbamos a estar en esta instancia, hay que reconocer que realmente él actuó con la seriedad y con el ideal de justicia que todo magistrado debe tener, que es el de buscar la verdad”, expresó Alum.

Este proceso se inició tras la denuncia de apremios físicos sufridos por varios uniformados en servicio activo, entre ellos el Crio. Alfredo Cáceres y el oficial Jorge López, detenidos bajo sospecha de sublevación contra el gobierno de Luis González Macchi, los días 18 y 19 de mayo de 2000.