Por decisión unánime, el JEM también decidió devolver un pedido de desafuero realizado por la jueza Rosarito Montanía, por falta de argumentación. Este requerimiento es para despojar de sus fueros para que sean sometidos a la justicia al juez penal de garantías Geraldino Cazal Argüello y a la fiscala María Angélica Acosta, ambos de la jurisdicción de Ñeembucú.

Los dos operadores de justicia tienen proceso pendiente por cohecho pasivo agravado (coima) y tráfico de influencias.

El JEM asimismo rechazó varias denuncias por mal desempeño de funciones, canceló y archivó investigaciones preliminares.