Los jueces María Fernanda García de Zúñiga, Cynthia Lovera y Juan Carlos Zárate dieron por finalizada ayer la etapa de producción de pruebas documentales en el juzgamiento a Enrique Salyn Buzarquis y definieron para el lunes, a partir de las 14:00, la continuación del juzgamiento con los alegatos de la Fiscalía, la defensa y la sentencia del caso.
La fiscala de Delitos Económicos Victoria Acuña, sustenta la acusación penal y explicó que las pruebas documentales fueron leídas en su totalidad ayer, debido a que esa etapa estaba avanzada porque se iba produciendo con las testimoniales.
Los dos últimos testigos de la defensa fueron el expresidente de la República, Federico Franco, y el exviceministro de Obras Públicas, Max Rejalaga. Ambos defendieron el actuar de Salyn Buzarquis.
Franco dijo al tribunal que en el año 2012 autorizó el viaje del entonces ministro de Obras Públicas de su Gobierno para que pueda firmar un acuerdo con la empresa italiana ANAS International Enterprise, para que realice un trabajo de mejoramiento de suelos en las Rutas 4 y 9. Acotó que los proyectos de su Gobierno fueron cortados con el ingreso de Horacio Cartes y que supuestamente esta causa es una persecución política del también expresidente colorado.
Rejalaga explicó cómo se llegó a contactar con la empresa ANAS y recalcó en que no hubo pago alguno, ya que el trabajo que realizaron no satisfizo al MOPC y no causó un daño patrimonial al Estado.
En su acusación, la fiscala Acuña asegura que Salyn Buzarquis, en su calidad de ministro de Obras Publicas firmó en 2012 convenios con la empresa ANAS, para los estudios de las dos rutas y la provisión de un laboratorio móvil.
Según la investigadora, produjo un aumento del pasivo de US$ 600.000 al MOPC, que eran US$ 500.000 del MOPC y US$ 100.000 de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
Prescripción del delito de usurpación
El Tribunal de Sentencia había decretado la prescripción del delito de usurpación de funciones públicas, a petición de las abogadas Sandra Rodríguez y Cecilia Pérez, defensoras del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Enrique Salyn Buzarquis en el juicio que se le sigue por lesión de confianza, tras ser acusado de aumentar el pasivo de la citada secretaría estatal en US$ 600.000, según la presentación de la Fiscalía.
La agente fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Victoria Acuña, se allanó a la solicitud después de argumentar el criterio de objetividad y la obligación de preservar el debido proceso.