La medida se realizó entre los meses de setiembre y diciembre de 2018, en la Dirección General del Centro de Adopciones y la Dirección General de Protección Especial de Niños, Niñas y Adolescentes separados de sus familias (Diproe), dependientes del ahora Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.
Como resultado de la inspección, la ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez, dijo que encontraron que la Diproe confundía sus funciones con las del Centro de Adopciones, pese a que la ley las establecía claramente.
De esta forma se constató que el Centro de Adopciones quedó sin sus equipos técnicos, de investigación, de adopción, de evaluación de pretensos postulantes, de mantenimiento de vínculo y el de post adopción.
“Esa situación debilitó al Centro de Adopciones al tiempo de tratar de fortalecer a la Diproe”, señaló Martínez.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La ley especifica que el Centro de Adopciones es el órgano administrativo encargado de los procesos de adopción, mientras que la Diproe está encargada del acogimiento familiar y la atención de niños que están separados de sus familias.
Sin embargo, a la Diproe también se le asignaron las tareas del Centro de Adopciones, lo que generó un enorme retraso en el segundo por la falta de personal y en el primero también, por una acumulación de las funciones.
Esto fue porque la Corte Suprema de Justicia, por acordada N° 834, dio a la Diproe más funciones para las cuales no tenía capacidad de respuesta, según dijo Martínez.
Irregularidades
La ministra de Niñez y Adolescencia expuso: “revisamos también los procesos de adopción y encontramos muchos de ellos que se realizaban sin intervención del Centro de Adopciones, por eso los números no daban, lo cual era violatorio de la norma, y la ley establecía quienes debían intervenir en materia de atención y evaluación”.
Además “habían adopciones que se iniciaban directamente después de una guarda y no se hacía el mantenimiento del vínculo familiar”, lo cual es prioritario una vez que se hallen a los padres biológicos del niño.
Con relación a los juzgados, Martínez dijo que cuando los mismos enviaban sus informes al Centro de Adopciones, tardaban 1, 2 o 3 años en que salgan las resoluciones, lo que provocaba “que la gente quede con una guarda, que es una medida cautelar, y las adopciones salían 7 años después”, informó.
Aunque también hubo juzgados que cumplían las reglas y el procedimiento culminaba en máximo 1 a 2 años.
La ministra explicó que el retraso se debe además, en general, a que la jurisdicción de la niñez no está instalada en su totalidad, refiriéndose al equipo técnico auxiliar en los juzgados.