El evidente desfalco en el Ministerio Público se iba a ejecutar mediante la convocatoria de la licitación 366.280, para el mantenimiento y reparación de vehículos del área metropolitana. El monto total que se tenía previsto gastar era de G. 3.901.238.319.
La convocatoria estuvo abierta desde el 16 de setiembre pasado, y la fecha tope para entrega de las ofertas era el 8 de octubre, aunque luego de una protesta presentada por dos empresas el inicio del proceso se postergó hasta el 21 de octubre.
De hecho, en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DCNP) siguen figurando los ítems solicitados por la Fiscalía para la reparación y el mantenimiento de vehículos Ford, Hyundai, Isuzu y Toyota que se usan como móviles de la institución.
Sin embargo, ayer la fiscala general, Sandra Quiñónez, anunció la cancelación definitiva de la licitación.
Las aberraciones se iniciaban con las exageradas condiciones contenidas en el pliego de bases y condiciones. Por ejemplo, el taller contratado debía tener una infraestructura propia de 1.800 metros cuadrados (antes era solo 700 metros cuadrados) y 500 metros cuadrados de patio para maniobras y estacionamiento.
Igualmente, se exigía a los oferentes seis elevadores hidráulicos, tres fosas bien equipadas y azulejadas, así como indefectiblemente cuatro escáneres para diagnóstico electrónico computarizado.
La empresa adjudicada también tenía que tener por lo menos 20 empleados inscriptos en IPS, de los cuales 15 deben ser técnicos calificados con certificado del MEC o del SNPP.
Según los datos, estos altos estándares no son alcanzados actualmente ni por los talleres autorizados de las firmas representantes de las marcas de vehículos más renombradas que operan en Paraguay.
La sospecha latente es que esta licitación estaba diseñada para descalificar directamente a la mayoría de los talleres que usualmente se presentan a estos procesos y, a la vez, favorecer seguramente a alguna en particular que se acercara más a los estándares exigidos en equipamiento, aunque definitivamente no habría ninguna que cumpliera cada uno de los requisitos.
Hasta dan risa
Las sobrefacturaciones que ahora se evitaron en el Ministerio Público eran tan fácilmente comprobables que solo hizo falta revisar en la página de la DNCP los ítems de los repuestos solicitados y los precios estimados por la propia institución, y después comparar con los precios reales de referencia de cada producto en el mercado local.
Al confeccionar la tabla de precios, el Ministerio Público incrementó tanto los valores que algunos ítems hasta dan risa. Por ejemplo, por focos pequeños y fusibles que cuestan G. 3.000, la Fiscalía General del Estado iba a pagar G. 30.000. Por alineación y balanceo, que se hacen por G. 120.000, presupuestaron G. 330.000.
Otro detalle grosero es que la institución dirigida por Sandra Quiñónez, por ejemplo, pretendía cambiar la cremallera de varios de sus vehículos, para lo cual estimaban gastar en algunos casos G. 4.246.667 por cada unidad, que representa más del doble de lo que realmente cuestan en los centros de distribución más caros.
Pero lo más alevoso es que estas piezas específicas ya vienen con todos sus accesorios componentes, pero la Fiscalía estaba pensando facturar aparte y con un nuevo sobrecosto cada uno de esos accesorios, como si se vendieran por separado.
ABC Color averiguó los precios reales de los repuestos solicitados por la Fiscalía, y difieren abismalmente de lo que se iba a desembolsar.
Las fuentes de consulta fueron Tape Ruvicha y Todo Ford, para las camionetas Ford; Toyotoshi, para los móviles Toyota Hilux, y Pluscar, para los automóviles Hyundai Accent y las camionetas Isuzu D-Max.