“Es claramente la intromisión de un poder del Estado en el otro. No es una cuestión administrativa nomás, y esto tiene su fundamento en lo que establece la ley modificatoria orgánica del Jurado de Enjuiciamiento, que cambió el modelo acusatorio de persecución a los magistrados por el modelo inquisitivo. Es decir, puede actuar de oficio, como lo viene haciendo en forma trasversal, violentando todo el orden jurídico y transgrediendo el artículo 255 de la Constitución, que establece la inmunidad por las opiniones expresadas por los magistrados en el desempeño de sus funciones. No hay nada que hacer, es otra injerencia más”, afirmó.

Gaona sostuvo que la petición tiene claros fines inquisitivos y puso en tela de juicio la propia existencia del JEM, puesto que el Poder Judicial tiene un sistema propio de control de la actuación de magistrados (los Tribunales de Apelación y la Corte Suprema de Justicia).

“La injerencia del poder político materializada por medio del JEM es cada vez más brutal, tosca e inquisitiva, y la consecuencia es que cada vez existen más fallos políticos que jurídicos”, acotó, al criticar la subordinación del Poder Judicial a la clase política.