El nombre del escribano Jorge Fernández Zaván cobró notoriedad pública al salir a luz que el mismo habría cobrado US$ 500.000 por realizar la escritura de traspaso de Antelco a Copaco.
La operación se realizó durante el gobierno de Luis Angel González Macchi, amigo íntimo del notario, y quedó al descubierto con la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía, que sostuvo que el Estado sufrió un perjuicio de más de G. 2.000 millones, pues el trámite pudo haber sido realizado por la escribanía mayor de gobierno, sin costo.
En el 2007 Fernández Zaván demandó a la Copaco por 10 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, a raíz de la denuncia presentada por el abogado de la telefónica en el 2006 y que, sostuvo, motivó su procesamiento.
El abogado que llevó adelante la demanda es el actual procurador general del Estado, Sergio Coscia.
El 10 de noviembre del 2008 la Copaco fue condenada a pagar G. 300 millones al “escribano amigo” más intereses. El 11 de mayo del 2015 el Tribunal de Apelación, 1ª sala, revocó este fallo y rechazó la demanda indemnizatoria.
Este último fallo ha sido ratificado ahora, por la Sala Civil y Comercial integrada por los ministros Alberto Martínez Simón, Eugenio Jiménez Rolón y César Garay Zuccolillo (disidente).
“Las precisas circunstancias tenidas en cuenta por la Copaco SA para formular su denuncia no fueron desvirtuadas ni desdibujadas por la demostración de hechos acontecidos en el mismo orden temporal de aquellas”, señala Martínez Simón, a cuyo voto se adhirió Jiménez Rolón.
A su vez, Garay votó por hacer lugar a la acción pero reduciendo la indemnización en G. 50 millones por daño moral “atendiendo a la edad del afectado, así como su condición profesional”.
Fernández Zaván falleció el 14 de diciembre del 2017.
Perjuicio constatado pero sin condenados
En el caso Copaco, la Fiscalía concluyó que el Estado perdió más de G. 2.878.944.816 con un trámite que pudo ser realizado por la escribanía mayor de gobierno, sin costo. El expresidente Luis González Macchi fue sobreseído, al igual que el principal beneficiado con la operación, el escribano Fernández Zaván y el exministro de la Reforma, Juan Ernesto Villamayor. El procurador general de la República, Juan Carlos Barreiro Perrota, fue el único acusado y en un juicio fue condenado a 2 años y 6 meses de cárcel, el fallo luego fue revocado.