La convocatoria, realizada por los senadores Enrique Riera Escudero, Enrique Bacchetta, Juan Bartolomé Ramírez y Georgia Arrúa, está dirigida a abogados y a la ciudadanía en general y tiene el fin de conocer opiniones, sugerencias y cuestionamientos sobre la propuesta legal en estudio.
El proyecto de Ley “De creación del Colegio Público de Abogados del Paraguay (CPAP) – Consejo Nacional de Abogados del Paraguay” contiene más de 60 artículos y en el 2° establece que no se podrá ejercer la profesión sin matriculación ante el citado organismo, obligatoriedad que vale tanto para los profesionales recién recibidos como aquellos que ejercen actualmente la profesión.
El CPAP tendrá la potestad de aplicar sanciones disciplinarias a los agremiados a través de un Tribunal de Disciplina integrada por 15 miembros titulares y 15 suplentes, con antigüedad de 10 años de ejercicio de la profesión como mínimo. La decisión será adoptada conforme a normas establecidas por una asamblea de delegados y que serán controladas por una comisión de vigilancia.
La posibilidad de participar de los estamentos de selección y enjuiciamiento de magistrados, jueces, fiscales, defensores públicos, es otra de las funciones otorgadas.
Asimismo, se establece que el CPAP “cooperará en los estudios de planes académicos y/o universitarios y de posgrado de la abogacía, de cursos jurídicos especiales, realizando o participando en trabajos, congresos, reuniones y conferencias, y destacando estudiosos y especialistas de entre sus matriculados”.
También se prevé que sea intervenido por el Poder Ejecutivo.
Sanciones disciplinarias previstas
Artículo 29°- Las sanciones disciplinarias serán:
a) Llamado de atención; b) Advertencia en presencia del Consejo Directivo; c) Multa de uno a cien salarios mínimos; d) Suspensión de hasta un (1) año en el ejercicio de la profesión; e) Exclusión de la matrícula, que solo podrá aplicarse:
1-Por haber sido suspendido cinco (5) o más veces con anterioridad dentro de los últimos diez (10) años. 2-Por haber sido condenado por la comisión de un delito doloso, a pena privativa de la libertad y siempre que de las circunstancias del caso se desprendiera que el hecho afecta el decoro y ética profesionales. A los efectos de la aplicación de las sanciones, el Tribunal deberá tener en cuenta los antecedentes.