Para Gobierno, amenaza de huelga es reacción a los cortes de “privilegios”

El Ministerio de Justicia tiene la sospecha de que la huelga que pretenden realizar los guardiacárceles es una respuesta a las medidas que se tomaron con la nueva administración para frenar los actos de corrupción.

Concretamente desde el Gobierno mencionan que son tres las medidas tomadas que causaron molestias sobre todo en antiguos directores carcelarios. La primera fue la suspensión de traslados administrativos sin que esté comprobado que sea de alta peligrosidad.

Recientemente fue detenido Alberto Orella, director de la cárcel de Ciudad del Este, quien había dispuesto en su momento el traslado a la cárcel de San Pedro de Tranquilino Giménez, condenado a 21 años de cárcel.

Giménez fue hallado meses después en una granja carcelaria que ni siquiera estaba habilitada.

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La segunda razón de la molestia de guardiacárceles con mucha influencia sería la intervención de la intendencia del penal de Tacumbú en donde había problemas en la provisión de carne y comida. Esto es objeto de auditoría.

La tercera razón de la discordia sería el llamado a concurso para designar directores de penitenciarías de San Pedro y Emboscada, centros de reclusión sobre los cuales políticos de la zona tendrían mucha influencia.

Llama la atención, justamente, que los pedidos de reivindicaciones y la insistencia en la huelga ocurren luego de que la estructura que estaba a cargo de Julio Javier Ríos, quien responde al vicepresidente Hugo Velázquez, fue cambiada debido a los incidentes que pusieron en vilo al sistema carcelario, entre ellos la masacre del 16 de junio, en donde murieron 10 reos de la cárcel de San Pedro, en una pelea entre dos bandos.

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El Ministerio de Justicia actualmente está a cargo de Éber Ovelar, hermano del senador colorado (Añetete), y la viceministra de Política Criminal es Cecilia Pérez.

La que quedó de la administración anterior es Alejandra Peralta, quien del cargo de viceministra de Política Criminal pasó al de justicia. La huelga está suspendida por orden de la jueza Rosarito Montanía.

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