Los camaristas Fabriciano Villalba, María Teresa González de Daniel y Lourdes Cardozo, de oficio, anularon la resolución del 10 de setiembre de 2018 por la cual la jueza penal de garantías Ana Esquivel había ordenado a la fiscala María José Pérez que presente su pedido de reapertura del proceso, conjuntamente con su requerimiento conclusivo (acusación).

El pedido de reapertura de proceso obedecía a que el 27 de agosto de 2018 la justicia otorgó el sobreseimiento provisional a Mendoza y otorgó a la fiscalía un año para realizar diligencias que considerara necesarias.

Fue así que el 27 de agosto pasado la fiscala Gladys González, al vencer el plazo, pidió que se reabra el proceso y al mismo tiempo presentó el escrito de acusación.

Los camaristas argumentan que el Código Procesal Penal no dispone que, al solicitarse la reapertura de la causa (luego del sobreseimiento provisional), se deba presentar conjuntamente el escrito conclusivo.

Con esta decisión, este proceso vuelve a la etapa investigativa y la fiscalía deberá pedir otra fecha para volver a presentar acusación. El monto malversado sería de unos G. 715 millones, según la acusación.