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Suspensión sin goce de sueldo para tres camaristas de CDE

Este artículo tiene 7 años de antigüedad
Los ministros Gladys Bareiro y Antonio Fretes no participaron ayer en la sesión del pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Los ministros Gladys Bareiro y Antonio Fretes no participaron ayer en la sesión del pleno de la Corte Suprema de Justicia.Archivo, ABC Color

Los camaristas de Ciudad del Este Aniceto Amarilla, Miryam Meza de López e Isidro González soportan desde ayer suspensión sin goce de sueldo. Así lo resolvió la Corte Suprema de Justicia al hacer efectiva la decisión adoptada el 16 de octubre pasado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que investiga a los magistrados por disponer la libertad de un expolicía de Interpol condenado a 10 años de cárcel por abusar sexualmente de su hijastra de 9 años.

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También ayer la Corte Suprema rechazó la aclaratoria presentada por el abogado Diego Ronzewzki, cuya designación como juez de paz de José Leandro Oviedo quedó sin efecto por tener un proceso por violencia doméstica (el cargo fue ocupado por Aldo Ruiz Díaz Sosa). En la ocasión, los ministros precisaron que de ninguna manera la decisión conlleva proscripción a otras postulaciones.

En la sesión plenaria de ayer los ministros recibieron a autoridades del departamento de Boquerón, que hicieron saber su interés de acompañar la construcción del Palacio de Justicia en la zona conocida como Complejo Boreal, para lo cual la Municipalidad de Filadelfia donó una propiedad de más de 10.885 metros al Poder Judicial en el 2016.

Ante manifestaciones de la falta de recursos y de la intención expuesta por algunos ministros de que ellos se ocuparán de gestionar la obtención de los recursos, el presidente de la Junta Municipal de Filadelfia, Iván Cáceres Apestegui, destacó que ellos ya pusieron de su parte al donar el inmueble y señaló que espera que en el presupuesto 2020 del Poder Judicial esté incluida la construcción del Palacio (lo cual ha sido solicitado en forma prioritaria, confirmó el ministro César Garay).

Cáceres destacó el importante impacto socioeconómico que representará la obra y destacó que la Corte paga al mes G. 40 millones de alquiler, casi G. 500 millones al año, que bien podrían ser invertidos en dicha construcción.

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