La convocatoria del Tribunal de Sentencia presidido por Lourdes Peña e integrado por Rossana Maldonado y Laura Ocampo era para las 08:30 en la sala 8, ubicada en el sexto piso de la torre norte. La falta de energía eléctrica en el sector, a causa del cambio de transformador, hizo que el juicio se iniciara una hora después, en la sala 1 de la torre sur.

Los fiscales Giovanni Grisetti y Daniela Benítez solicitaron la inclusión de informes de empresas de telefonía sobre el registro de las llamadas realizadas por los acusados y la ubicación de las celdas.

Grisetti fundó su petición en distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia, que validaron informes similares en procesos por secuestro y crimen (caso Cecilia Cubas, entre otros). A su vez, Benítez planteó la inclusión de una causa abierta al médico forense Carlos Garrigoza por supuesta expedición de certificado de salud falso, en el cual una junta médica avaló su dictamen.

Con el argumento de que la Fiscalía debió recurrir en su momento la exclusión de estos informes y que dichos planteamientos son extemporáneos, el abogado Jorge Bogarín y los defensores públicos Martín Muñoz y Diego Duarte, en representación de Jacquet, Manzur y Pesoa, plantearon el rechazo de estos incidentes. Finalmente el Tribunal aceptó lo peticionado por la fiscalía.

El abogado querellante Alfredo Delgado solicitó la inclusión de un acta notarial de manifestación hecha en prisión en el 2016 por Myriam Martínez (absuelta), que explica cómo Jacquet contrató a los sicarios. Las defensas también se opusieron a la inclusión de este documento.

Posteriormente, Bogarín planteó un incidente de suspensión especial del procedimiento, basado en la incapacidad mental que afecta la capacidad de comprensión de su defendida (art. 78 del CPP) y pidió la realización de un examen mental a la abogada Jemina Jacquet.

El atentado ocurrió el 9 de abril de 2010 en Cap. Cañiza y Herminio Giménez, ocasión en que Corvalán recibió un disparo en el cuello, aunque logró sobrevivir.