Pedido de sobreseimiento para el extitular de Essap huele a “blanqueo”

La Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo del extitular de la Essap Osmar Ludovico Sarubbi y otros 36 funcionarios, procesados por lesión de confianza. Alega que no hay daño patrimonial de más de G. 17.000 millones.

Osmar Ludovico Sarubbi, extitular de la ESSAP.
Osmar Ludovico Sarubbi, extitular de la ESSAP.Archivo, ABC Color

A pesar de que una Auditoría Especial del Poder Ejecutivo había determinado que entre los años 2015 y 2016, durante la gestión de Sarubbi, se provocó un daño patrimonial total de G. 17.590.301.286 a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Victoria Acuña Ricardo sostiene que tras la investigación pudo concluir que esa institución no fue objeto de perjuicio patrimonial.

Acuña agregó que “si bien la figura del anticipo de fondos a rendir no estaba reglamentada, los imputados han realizado y presentado sus respectivas rendiciones de cuentas; asimismo, los bienes fueron adquiridos y los servicios fueron prestados a la Essap”, justificó.

Además de Sarubbi, fueron beneficiados con el pedido de la Fiscalía Ricardo Brítez González, Jhoni Báez Santacruz, Jorge Wilka, Luis Suárez González, Óscar Basso, Roberto Bogado, Francisco Torres, Humberto Samaniego, Juan Celso López, Derlis Cabrera, Óscar Méndez Bueno, Adriana Arce y Miguel Quinto.

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Igualmente fueron favorecidos Carlos Estigarribia, María Eugenia Bachero, Daniel Ojeda, Lilian Godoy, Néstor Roa, Terecio Cáceres, Fabián Rivarola, Emiliano Coronel, Virgilio Riveros, José Ríos, Ermes Raúl Villa, Osmar Osorio Kreitmayr, Orlando Barrios, Roberto Rojas, Cristina Sosa, Carlos Molinas Báez, María Jasinta Núñez, Lilian Céspedes, entre otros.

“Festival” de firmas de cheques

- El Ministerio Público investigó la lesión de confianza, supuestamente perpetrada entre el 1 de enero de 2015 a junio de 2016 durante la presidencia de la Esaap de Osmar Liduvico Sarubbi, quien firmó órdenes de pagos y cheques para la adquisición de productos y servicios en carácter de anticipos de fondos a rendir cuyos montos superaban ampliamente el límite conforme a la Ley N° 2051/03, abonados a pesar de no existir contraprestación.

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- La Auditoría Especial del Poder Ejecutivo detectó en el 2015 compras por G. 16.928 millones, sin reglamentación de anticipos de fondos a rendir. En el 2016 se detectaron compras por G. 661.566.607, en las mismas condiciones.

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