Corte promete garantizar servicios a usuarios de justicia durante la huelga

La Corte sostiene que no puede desconocer el derecho de los trabajadores de recurrir a la huelga, pero que está obligada a implementar los mecanismos necesarios para garantizar los servicios al usuario de justicia. Esta es la postura que el alto tribunal dejó sentada en una tripartita en el Ministerio de Trabajo. Se fortalecerá el control de los funcionarios.

Liliana Lurashi, directora de Recursos Humanos; Karina Gómez, de Trabajo y Mitha Morínigo, de Jurídica, entre otros.
Liliana Lurashi, directora de Recursos Humanos; Karina Gómez, de Trabajo y Mitha Morínigo, de Jurídica, entre otros.Archivo, ABC Color

Los representantes de la Corte pidieron a los sindicalistas del Poder Judicial reconsiderar la determinación de seguir con la huelga, en reclamo del reajuste salarial, a fin de no afectar los derechos de terceros.

“Aclaramos que no desconocemos el derecho constitucional de los trabajadores de recurrir a la huelga como medio para obtener la reivindicación de sus derechos, pero también estamos obligados a considerar a los usuarios de justicia para que no sean afectados por esta situación”, dice el documento elaborado en Trabajo. Agrega la Corte, que no se pretende “inducir ni coaccionar al levantamiento o prosecución de la huelga”.

La Corte estuvo representada por la directora jurídica, Mirtha Morínigo de Florentín; doctora Liliana Lurashi, directora general de Recursos Humanos; abogado Marcos Guggiari, asesor de la presidencia de la Corte; abogado Tadeo López, asesor jurídico, entre otros.

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También estuvieron los sindicalistas que representaron al Sindicato de Funcionarios de Registros Públicos; a los Funcionarios del Poder Judicial y a la Coordinadora de Registro del Automotor.

Los sindicalistas se mantuvieron en su postura de seguir con la medida de fuerza. Alegaron que con el recorte al presupuesto del Poder Judicial se está violando la Constitución Nacional.

“El recorte del nueve por ciento hecho por la Bicameral de Presupuesto, no solo afecta las reivindicaciones salariales sino también afecta el funcionamiento de la institución en cuanto a la modernización e infraestructura para brindar un mejor servicio a la ciudadanía”, enfatizaron los sindicalistas al ratificarse en la huelga general promovida hasta el 11 de diciembre.

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De la tripartita también participaron la directora del Trabajo, Karina Gómez y la mediadora, abogada Luz García.

Más de once mil

La Corte, a través de la Dirección de Recursos Humanos, asegura una política de estricto control a los 11.611 funcionarios nombrados y 1.946 contratados con los que cuenta el Poder Judicial a nivel país. La mayor cantidad de funcionarios se concentra en Capital con 4.775, Central con 863 y Alto Paraná con 747.

La Dirección de Recursos Humanos afirma que se encuentra aplicando políticas de mejoramiento en el control de los recursos con personal calificado asignado para el efecto. “Esta medida es contra aquellos funcionarios que perciben indebidamente su salario sin haber cumplido las labores asignadas”, dijeron desde la referida dependencia del Poder Judicial.

Por otro lado, Recursos Humanos resaltó la realización de los concursos de oposición, con sus respectivas publicaciones para dar a conocer de forma masiva, a través de los medios de comunicación tanto en la capital como en el interior del país. “Igualmente se encarga de la fiscalización efectiva de manera a transparentar la gestión pública. Se hicieron 27 concursos, de los cuales 9 se efectuaron en Ñeembucú, 2 en Cordillera, 1 en Amambay, 6 en Capital, 2 en Concepción y 7 en Caaguazú”, según se informó.

También hablaron de un trabajo coordinado con los gremios, sindicatos y asociaciones de Magistrados/as, propiciando el diálogo como mecanismo preventivo para lograr consensos y evitar la toma de medidas radicales.

Infraestructura tecnológica

Los representantes de la Corte dejaron sentado en la reunión en el Ministerio del Trabajo de los requerimientos de los gremios no incluyen solo mejora salarial, sino que también hace referencia a la inversión en infraestructura tecnológica y edilicia. “Necesidades fundamentales para prestar un mejor servicio a los usuarios de justicia”, se enfatizó en el documento.

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