La magistrada es investigada actualmente por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado por presuntas irregularidades en la tramitación del expediente denominado “Visión Banco Saeca contra Junta de Saneamiento Laurelty y otros s/ acción ejecutiva”.

Según la investigación preliminar, Alonso ordenó el embargo de un inmueble ubicado en la ciudad de Capiatá, donde está asentada una oficina y el pozo número uno de la Junta de Saneamiento, mediante el cual se provee agua potable a 1.800 usuarios, es decir a un total de 9.000 pobladores de la zona.

Al respecto, el ministro Alberto Martínez Simón recordó durante la sesión plenaria que las juntas de saneamiento están en el rango de bienes considerados de uso público, por lo tanto son inembargables e inajenables, tal como establece la ley.

Por su parte, el presidente de la CSJ, Eugenio Jiménez Rolón, calificó de extremamente grave el caso y apoyó la moción para suspender a la cuestionada magistrada.

Los demás ministros se adhirieron a la postura y se decidió la suspensión, pero con goce de sueldo.

No fue confirmada pero seguirá hasta febrero

Lo paradójico de todo es que en una sesión extraordinaria del pasado martes, esta magistrada no fue confirmada en su cargo por la Corte, pero continuará en el cargo (aunque un mes suspendida) hasta el 3 de febrero del próximo año, fecha en que jurará su sucesor.

El abogado Alfredo Barrios Jara fue designado como nuevo juez en lo Civil y Comercial, en reemplazo de eta magistrada.