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Filtran mensajes que comprometen a un juez

Este artículo tiene 6 años de antigüedad
Aniceto Amarilla, magistrado suspendido en sus funciones.
Aniceto Amarilla, magistrado suspendido en sus funciones.Archivo, ABC Color

CIUDAD DEL ESTE. (De nuestra redacción regional). La filtración de mensajes de textos comprometen seriamente al juez Aniceto Amarilla en la “venta” de su voto para la liberación de un agente policial implicado en extorsión. El propio magistrado está suspendido y enjuiciado por otorgar liberad a otro uniformado condenado a diez años de cárcel por abuso sexual en niños.

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Según las conversaciones filtradas, el agente procesado, oficial 1° José Vidal Rolón Franco, mantuvo varias conversaciones con el juez Amarilla para “negociar” una resolución que le favoreciera, teniendo en cuenta que acababan de apelar la disposición del Juzgado Penal de Garantías que decretó la prisión del uniformado.

Como Amarilla, junto a sus colegas Miryan Meza y Raúl Insaurralde, eran los responsables de decidir sobre la apelación, Rolón comenzó a negociar para que la resolución saliera a su favor.

Le envió varios al juez para que este resuelva su caso en la brevedad. Entre tanto, el magistrado en todo momento le pide calma y le promete que para cierto día ya tendría su resolución. Incluso en un momento le promete “mi voto es tuyo” al referirse a la decisión que iba tomar respecto a la apelación del procesado.

Si bien en las conversaciones no hablan de algún pago a cambio del voto, hacen referencia a otras conversaciones mediante una intermediaria, que sería la abogada Diana Lorena Beatriz Fleitas López, quien habría concretado las negociaciones a nombre del agente.

Llamativamente, estas conversaciones se filtraron después de que se descubriera una resolución judicial falsificada para favorecer al uniformado. En este caso era un documento que se entregó en la Dirección de Policía y llevaba la firma supuestamente falsa de una jueza y una actuaria.

El abogado Mauro Barreto, quien asumió la defensa de Rolón Franco, cuestionó que su cliente sea el único procesado por la falsificación de la resolución y que no se indague quién fue el artífice del documento. “Que se investigue quién fue el que redactó la resolución. Sabemos quién entregó en la Dirección de Policía”, dijo.

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