El procedimiento se realizó el 14 de noviembre último en el barrio Tacumbú y ambos están procesados por tráfico ilícito de armas de fuego.

La defensa apeló la decisión de primera instancia, con el fin de lograr el arresto domiciliario de su defendida, con el argumento de que su escasa participación no permite suponer una expectativa de pena superior a los 5 años de cárcel.

Sin embargo, los camaristas Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín ratificaron la resolución dictada por el juez José Agustín Delmás, el 15 de noviembre último.

En coincidencia con Delmás, los camaristas argumentaron que existe peligro de fuga y de obstrucción a la investigación, por lo que es necesaria la medida restrictiva de libertad.

“Existe la posibilidad de que la misma pueda influir en los testigos e inclusive con respecto a modificar, alterar o hacer desaparecer importantes elementos de prueba”, señala la resolución de la Cámara.

El procedimiento fue realizado a partir de la información de que el militar ofertaba dicha arma en el mercado negro por la suma de US$ 6.000. Uno de los agentes se hizo pasar de comprador y de esa forma apresaron al vicesargento con la evidencia. De acuerdo con el número de serie, el fusil no pertenece a las Fuerzas Armadas.