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Sindicalista pide ser sumariada para esclarecer amenaza

Este artículo tiene 6 años de antigüedad
Porfiria de Ocholasky, secretaria del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay, durante la protesta frente al Congreso.
Porfiria de Ocholasky, secretaria del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay, durante la protesta frente al Congreso.Archivo, ABC Color

Porfiria Melgarejo de Ocholasky, secretaria del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay, solicitará a la Corte Suprema de Justicia que se le instruya un sumario para esclarecer e identificar a la sindicalista que advirtió con sacar a la luz los “expedientes cajoneados” de senadores.

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La gremialista anunció que en la fecha pedirá la apertura del sumario, a fin de aclarar el origen de unas declaraciones que le atribuyen durante una manifestación frente al Congreso, en las que supuestamente advierte que sacarán los expedientes “cajoneados de los senadores”.

“Voy a solicitar ese sumario a los efectos de que se pueda aclarar esta situación. No por miedo, simplemente de que uno tiene que hacerse responsable de sus actos y de sus dichos”, manifestó la sindicalista, quien sí admitió haber dicho a sus compañeros sindicalistas que en las próximas elecciones recuerden los nombres de los legisladores que no apoyaron el aumento salarial del 20% para los funcionarios judiciales, para el año 2020, y los castiguen con su voto.

A fines de noviembre, los funcionarios judiciales desactivaron la huelga luego de 14 días, tras recibir la promesa de una ampliación presupuestaria para el año próximo, que será destinada para el reajuste salarial.

Las declaraciones que le atribuyen a Ocholasky habrían sido pronunciadas durante una de las protestas para presionar al Congreso por el aumento solicitado.

Audiencia de calificación

Para las 9:30 de hoy están convocados los sindicalistas y los abogados encabezados por Pilar Callizo para la audiencia de calificación de la huelga ante la jueza en lo laboral Greta Aquino.

Los profesionales del derecho afirman que la medida de fuerza realizada por los funcionarios fue extorsiva e ilegal, atendiendo que afectó varios servicios del Poder Judicial, Registros Públicos y Registro del Automotor, durante tres semanas.

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