Por unanimidad los camaristas Emiliano Rolón, Arnulfo Arias y Gustavo Ocampos ratificaron el fallo dictado el 10 de mayo último en el sonado caso del festín ocurrido con dinero público en la Contraloría General.

En aquella ocasión, el Tribunal de Sentencia presidido por Mesalina Fernández e integrado por Gloria Hermosa y Mercedes Aguirre, condenó a cuatro años de cárcel al excontralor Velázquez y a dos años a la exsubcontralora Torreblanca, por lesión de confianza.

Los exdirectores Roberto García, Luisa Almada y Celia Cardozo fueron sentenciados a dos años de pena privativa de libertad, mientras que los funcionarios acusados por cobro indebido de honorarios Liz Paola Duarte –conocida como la “secretaria vip”–, Reinaldo Gadea y Horacio Coelho de Souza, fueron condenados a 1 año y 9 meses de prisión.

En tanto, Alicia Acevedo, Richard López, Leonardo Núñez, Pedro Jara, Hugo Medina y Ana María Monges fueron absueltos.

La acusación presentada por la fiscala Victoria Acuña precisó que el daño patrimonial por el cobro indebido de honorarios fue de G. 1.121.319.953, entre los años 2014 y 2015.

Velázquez Gadea tuvo conocimiento, toleró y autorizó las barbaridades administrativas cometidas en la institución que estaba a su cargo, sostuvo la fiscala en su dictamen.

Fue al referirse a cobros indebidos de varios funcionarios de la entidad, entre ellos la “secretaria vip” Liz Paola Duarte. Con relación a la misma, el escrito de la imputación dice que la mujer percibió multimillonarios cobros por presuntas horas extras de labor, en violación a normas legales.

Las tarjetas de control de ingreso y salida de la institución fueron marcadas por Liz Paola a pesar de estar de vacaciones y en el exterior, indica el dictamen de la fiscala Acuña.

Esta integrante del Ministerio Público resalta también que el sobrino del contralor, Reinaldo Eduardo Gadea, realizó trampas con sus tarjetas de horarios de salida y entrada.

El Tribunal de Apelación descartó la supuesta situación de indefensión, presuntas contradicción e interpretación errónea de la ley por parte de los jueces de primera instancia.

“Finalmente con respecto al incidente de nulidad presentado se observa que el mismo tuvo el suficiente tratamiento por parte del tribunal ‘a quo’, según constancias obrantes en el acta de juicio oral con participación activa de todas las partes, en realidad no se observan causales nulificantes a las aplicables en los casos de afectaciones a las “garantías constitucionales”; “garantías procesales”, e “inobservancia de las formas sustanciales del procedimiento”, Art. 165 y 167 CPP”, concluye el camarista preopinante Emiliano Rolón.

Velázquez cumple actualmente su condena en la cárcel militar de Viñas Cue.