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Camilo y las interminables chicanas en caso de corrupción “coquitos de oro”

Este artículo tiene 6 años de antigüedad
Camilo Ernesto Soares (i), junto a su abogado Álvaro Arias, en una de las audiencias en tribunales a la que acudió en el caso de corrupción conocido como “coquitos de oro”.
Camilo Ernesto Soares (i), junto a su abogado Álvaro Arias, en una de las audiencias en tribunales a la que acudió en el caso de corrupción conocido como “coquitos de oro”.

El 30 de diciembre Camilo Soares presentó una nueva chicana para trabar el inicio del juicio oral por corrupción. La Corte debe resolver si el proceso que tiene 10 años, y va camino a la impunidad, prescribió o no.

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Con el patrocinio del abogado Álvaro Arias, Camilo planteó el 30 de diciembre una apelación general contra la providencia del 4 de diciembre de 2019 dictada por el tribunal de sentencia integrado por los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga, por la cual se ordenó que el juicio oral al extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) se inicie el 3 de febrero próximo, a las 14:00.

El abogado Arias argumentó en su apelación ante la Cámara que el entonces juez penal de garantías Paublino Escobar dictó en la audiencia preliminar el AI N° 308 del 22 de abril de 2016, por el que resolvió elevar la causa a juicio oral y público, y que esta resolución fue recurrida ante la Cámara de Apelaciones, que igualmente confirmó esta disposición por AI N° 378 del 13 de noviembre de 2019.

Posteriormente, el 10 de diciembre, Arias recurrió a una casación contra el fallo de la Cámara ante la Sala Penal de la Corte, sin que hasta la fecha la máxima instancia judicial se haya pronunciado, por lo que la sentencia de elevación de la causa a juicio oral, puede ser revocada, refiere el defensor.

De previo pronunciamiento

La Sala Penal de la Corte, integrada para el caso “coquitos de oro” con los ministros Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y Miryam Josefina Peña, debe pronunciarse de manera previa antes de estudiar el recurso extraordinario de casación que tiene en su poder, si el caso ha prescripto o no por el transcurso del tiempo, ya que recientemente se habría cumplido 10 años desde que supuestamente se produjeron los hechos que provocaron la imputación penal de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.

Ayuda de la Corte

En febrero de 2017 fue la última vez que el tribunal de sentencia, entonces integrado por los jueces Zárate, Capurro y Cynthia Lovera, intentó iniciar el juicio oral. Sin embargo, estratégicamente, la ministra Miryam Peña, integrante de la Sala Constitucional, se prestó a la maniobra de la defensa y evitó que se iniciara el juicio oral.

Peña, en su condición de presidenta de la Sala, sugestivamente solicitó al tribunal de sentencia que remita el expediente original a la Sala Constitucional.

La ministra integró la Sala que debía estudiar una excepción y una acción de inconstitucionalidad presentadas ya en abril de 2016, por la defensa de los acusados.

La ministra es hermana del actual ministro del Interior Euclides Acevedo, del equipo del excontralor general Enrique García y Álvaro Arias, cuyo estudio jurídico defiende a Soares.

La maniobra fue muy evidente, porque los recursos se presentaron un año antes del juicio en el 2016, pero el expediente se pidió a la vista el día que debía comenzar la audiencia.

En incontables ocasiones, la Corte ha cajoneado por años el expediente de corrupción del proceso a Camilo.

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